El Gobierno de España impulsa en este 2023 la Ley de Movilidad Sostenible, un texto legal que se erigirá -según ha destacado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en una nota de prensa- “en una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”
La nueva ley promueve una movilidad limpia y saludable que apuesta por un sistema de transporte digital e innovador. La premisa de la sostenibilidad es una de las piedras angulares de esta norma. El Gobierno pretende, al impulsarla, disponer de un marco legal que promueva un sistema de transporte más eficiente y sostenible, mediante el fomento de la movilidad activa, el transporte público y las flotas de cero emisiones.
De hecho, uno de los objetivos de la ley es reducir el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que proceden del transporte en España, que se sitúa en un 27%, cinco puntos por encima de la media europea.
Además de hacer hincapié en la sostenibilidad, el texto legal apuesta por la digitalización del transporte y la cohesión social y territorial, regulando soluciones innovadoras como el transporte a demanda.
La ley se sustenta sobre cinco pilares básicos:
- Por primera vez, en la historia de nuestro país, la norma reconoce la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado de Bienestar.
- Apuesta por avanzar en la descarbonización del transporte para cumplir con los compromisos internacionales en esta materia y busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
- Prioriza la movilidad activa y el transporte público colectivo como una solución accesible y asequible para todas las personas.
- Apuesta por un sistema digital e innovador en el que las empresas de transporte, los gestores de infraestructura y las administraciones compartan datos para optimizar la toma de decisiones a la hora de planificar nuevas infraestructuras y servicios de transporte que se adapten plenamente a las demandas de los ciudadanos. Así, el instrumento digital aglutinará información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los distintos modos de transporte, y ayudará a fomentar la creación de nuevos servicios de valor
- Apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
La ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará la coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en transporte. El sistema constará de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones o un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, entre otros.
Junto a esto, el texto legal garantiza la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. Además, establece la obligación de que las administraciones incentiven y promuevan soluciones de movilidad más sostenibles.
Tal y como destacaba recientemente, el diario El País “las empresas dedicadas al transporte urbano están muy atentas a los cambios. La tendencia —global— a reducir las tarifas o directamente a eliminarlas, obliga a la búsqueda de un modelo de financiación estable (…) la norma permitirá mejorar la financiación de las empresas de transporte urbano al elevar del 7% al 25% la aportación de fondos a los sistemas metropolitanos —de 450 millones a 1.500 millones”
Calcular la huella de carbono
Asimismo, conforme a la nueva ley, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.
Otra de las singularidades de este texto legal es que obliga a las empresas de 500 o más empleados por centro a elaborar planes de movilidad sostenible que faciliten el uso del transporte público o compartido en los desplazamientos de los empleados a su lugar de trabajo.
También se promueve habilitar caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a los más pequeños ir al colegio de forma activa y autónoma. En este sentido, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad.
La nueva regulación impulsa, pues, nuevos modelos de negocio, pero también afecta a los tradicionales, como es el caso de las concesiones de autobuses. Se prevé simplificar el mapa concesional, de 79 a 22 concesiones, con la mitad de rutas y se abre la posibilidad de que se liberalice el servicio en algunos corredores.
Complementando a esta norma, la nueva Ley de Cambio Climático obligará a los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes —y a los de más de 20.000 con episodios de alta contaminación— a establecer zonas de bajas emisiones (ZBE). Sin embargo, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se considera que la implantación necesaria de estas ZBE, salvo en el caso de unos pocos ayuntamientos, no va a ser posible hasta el segundo semestre del año por razones operativas.
¿Crees que las administraciones están preparadas para este cambio de paradigma de la movilidad? ¿Y la sociedad?¡te leemos!